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Gonzalo Guillen en El Nuevo Herald

Las proporciones de la violencia generalizada y de la guerra civil en Colombia continúan siendo de marca mundial.

Después de Sudán, la nación más grande de África, Colombia es el país del mundo con mayor cantidad de personas desterradas por la fuerza, de acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, organismo que se basa en cifras oficiales del propio gobierno colombiano.
No obstante, variadas organizaciones no gubernamentales, ONG, consagradas a estudiar el fenómeno sostienen que los desplazados colombianos hoy son más de 4 y medio millones, en su mayor parte migrantes internos.

ACNUR, por su parte, presenta a Colombia como el quinto país de origen de los refugiados alrededor del mundo, después de Afganistán, Irak, Somalia y Sudán.
Al complejo panorama humanitario colombiano el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, le agrega la existencia de 100 mil minas antipersonales sembradas por casi todo el país.
The Landmine Monitor, por su parte, en su último reporte sostiene que durante los últimos años Colombia ha ocupado el segundo lugar del mundo en mutilados por esos artefactos, después de Afganistán.
La ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, reconocida como el principal centro de estudios sobre los desterrados en Colombia, a enero pasado había documentado cinco millones 915 mil 579 casos de personas que han sido desplazadas por la fuerza durante los últimos 25 años y en su informe más reciente, de enero 27 de 2010, sostiene que de ellas “49 por ciento fueron desplazadas de sus tierras desde que se inició [en agosto de 2002] el gobierno de Álvaro Uribe Vélez”.

Solamente en 2009, en Colombia fueron desterradas por efecto de la guerra civil y otras manifestaciones de violencia 286 mil 389 personas, no obstante lo cual esa cifra significó una disminución de 24 por ciento respecto de 2008 cuando los desplazados sumaron al menos 380,863 personas.
De acuerdo con CODHES, en 2009 el desplazamiento forzado “afectó al 69 por ciento del total de los municipios, es decir llegó a 773 de los 1.119 que componen el territorio nacional”.
La ONG también sumó en 2009 “siete eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 19,181 personas en 12 departamentos” de los 32 en que está repartida la geografía nacional.
En esos desplazamientos masivos de población 83 por ciento de las víctimas pertenecen a los grupos étnicos más rezagados y vulnerables del país: comunidades negras e indígenas.
“Y, como siempre, las mujeres, niñas y niños y adolescentes siguen siendo la mayoría de las personas desplazadas en Colombia”, sostiene COHDES.

Entre 2007 y 2009, el estudio de CODHES indica que 380 mil familias campesinas fueron despojadas de 5.5 millones de hectáreas .
“Cabe anotar”, agrega, “que por lo menos 994.000 personas que integran 198.800 familias campesinas abandonaron el campo y la producción agropecuaria” entre 2005 y 2009.
Esto quiere decir que en cinco años la población rural colombiana habría disminuido en un millón de personas, “al pasar de 10.3 a 9.3 millones”, revela el estudio.
Citando cifras de la Agencia Presidencial para la Acción Social, CODHES indica que solamente han sido reubicadas en sus tierras “menos del 1 por ciento” de las familias desterradas por la violencia.
A parte de las migraciones internas de desterrados que se refugian en los cinturones de miseria de las principales ciudades, existen colonias de campesinos colombianos refugiados en Panamá, Ecuador, Canadá, Venezuela, Estados Unidos, Chile, España, Costa Rica y Argentina.
En 2008, 25.430 colombianos pidieron asilo o refugio en 34 países.
Al finalizar 2008 ACNUR documentó 374 mil casos de personas colombianas oficialmente refugiadas en otros países con necesidades de protección internacional ó “estatus temporal”.
En 2009, el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de Colombia contabilizó 29 masacres en las que murieron 147 personas.
De esos casos, 25 le son atribuidos a grupos criminales desconocidos y las demás a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
En 2008 las masacres fueron 38 con 286 muertos.

“Durante el período 2002-2009” del gobierno de Uribe, “la cifra de desplazados fue de 2 millones 412 mil 834 personas”, precisa CODHES.
En ese período de siete años, “cada día seis colombianos murieron en acciones armadas y cinco integrantes de la Fuerza Pública resultaron heridos”, agrega CODHES.
Siguiendo día a día informaciones oficiales periódicas del Ministerio de Defensa, la ONG encontró que entre 2002 y 2009 las FARC perdieron 52.740 combatientes, sumando cifras de muertos (11.388, a un ritmo de cuatro por día), capturados y desmovilizados voluntariamente.
La cifra global anterior sorprende si bien en 2003 la Unidad de Información y Análisis del Ministerio de Hacienda había promulgó un estudio según el cual el número máximo de guerrilleros de las FARC era de 16,672.

Aparte de las guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, los desplazamientos y asesinatos de población en Colombia son cometidos también por nuevos y crecientes ejércitos paramilitares que dominan vastas regiones del país bajo las órdenes de grandes narcotraficantes.
CODHES estima que “en regiones de 22 departamentos se incrementó o se consolidó durante 2009 la presencia paramilitar”.
Las FARC, por su parte, muchas veces aliadas con los paramilitares, controlan extensas regiones del sur, el oriente y el occidente del país, en función de traficar cocaína hacia el exterior e introducir armamento de guerra por la costa Pacífica.

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EL DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO EN COLOMBIA

Pese a la acumulación de desastres, Uribe es el favorito para un tercer mandato

M. Á. BASTENIER – Bogotá

Es el culebrón más largo de la historia de los medios de comunicación colombianos: ¿será Álvaro Uribe Vélez candidato a tercer mandato y segunda reelección? El mandatario repta desde hace meses hacia una declaración que casi todos dan por afirmativa, mientras él dejaba que calara la idea de que no podía pronunciarse porque si lo hiciera se convertiría en un pato cojo, como los presidentes estadounidenses que en los últimos meses de su mandato apenas acarrean poder ante seguidores y adversarios. Pero hay otras razones. El líder colombiano no quiere comprometerse mientras no sea seguro que pueda presentarse, y una serie de obstáculos legales, tanto de calendario como constitucionales, pueden hacer que eso no ocurra hasta marzo de 2010, en vísperas de las elecciones legislativas, fecha también para el referéndum que legalizaría su candidatura.

De entre todas las personalidades directa o indirectamente consultadas solo el ex presidente Belisario Betancur afirma que Uribe no piensa presentarse; el aspirante del partido liberal a las presidenciales de mayo próximo, Rafael Pardo, explica con conocimiento enciclopédico cómo es imposible que se presente porque la Corte Constitucional le negará el permiso, pero no duda que el presidente bien quisiera hacerlo; y la práctica totalidad de las voces políticas lo dan por presentado, como Carlos Gaviria, candidato del Polo en 2006, que, aunque fue fácilmente batido por Uribe con el 22% de los sufragios, obtuvo la más alta votación de todos los tiempos a una izquierda que no trata de disimular que lo es; y en ello coincide el aspirante oficial de esa izquierda para 2010, Gustavo Petro, partidario de sacar votos hasta de los sumideros para frenar a Uribe.

Colombia, como  Dorian Gray , no quiere mirarse al espejo porque la lista de desaguisados que amojonan el segundo mandato presidencial, haría sonrojar hasta a un dictador. Enumerarlos es como una visita al museo de los horrores: más de medio centenar de diputados uribistas procesados o en la cárcel, la mayoría por conexiones con los paramilitares; espionaje telefónico del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) sobre todo el que se mueva; compra de votos a la vista del público para cambiar la Constitución; adjudicación de notarías a cambio de apoyo parlamentario; legitimación del transfuguismo masivo, como ocurrió en la aprobación de la ley del referéndum ya citado, sobre el que el Ejecutivo estudia la reforma del censo para que la cifra de siete millones y pico de votantes, mínimo exigible para que valga la consulta y que son la cuarta parte del electorado, quede en poco más de cuatro millones, con lo que a Uribe le bastarían dos para ser candidato; el caso más egregio de todos, los dos mil y pico falsos positivos -eufemismo por asesinato- de otros tantos campesinos perpetrados por el Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros, sobre los que Uribe no reconoce responsabilidad ni conocimiento. Y la última bofetada, la certificación estadounidense de que Colombia coopera en la lucha contra la droga -especialmente, cediendo el uso de siete bases a Estados Unidos- cuyo texto está concebido en lenguaje de potencia protectora a tribu protegida. Washington afirma, entre otros descaros, que “facilitará el diálogo entre el Gobierno colombiano y los cuerpos sociales”, dando por sentado que Bogotá necesita que la estimulen. Y nadie protesta.

Pero esa letanía no parece contar para lo que se llama en Colombia opinión pública que, en realidad, se reduce a poco más de un tercio de 44 o 45 millones de habitantes, que son los que votan, los que tienen voz, y a los que el presidente tiene convencidos, seducidos, o simplemente, favorecidos por su mandato. Sobre esa base el uribismo gubernamental ha incluso teorizado. Esa masa constituye un Estado de Opinión, superior incluso al Estado de Derecho, y sobre el que voces áulicas se apoyan para decir que si el pueblo lo quiere no puede haber inconveniencia legal que se interponga.

Las espadas en alto se expresan en un escueto binomio: elecciones con o sin Uribe; si es con parece difícil que el movimiento TCU (Todos contra Uribe) pueda lograr su propósito; excepto un puñado de intelectuales y sindicalistas, el resto de las clases ilustradas vota arrastrando a su clientela por un presidente gracias al cual ven la luz al final del túnel, un país del que las FARC, marxistas quizá, terroristas seguro, hubieran desaparecido exterminadas por el ángel vengador, del que pudieran disfrutar comiéndose el ajiaco en su segunda residencia; y si es sin, todo vale desde la victoria del que unja Uribe como delfín, para lo que hay más aspirantes que partidos, hasta una tupida nómina de opositores que van desde el uribismo antireeleccionista -Germán Vargas Lleras; el partido liberal y el Polo; algún girón conservador con la ex embajadora en España Noemí Sanín; los llamados tres tenores del partido Verde -que podría ser de cualquier otro color- los ex alcaldes de Bogotá, Lucho Garzón, Antanas Mockus, y Enrique Peñalosa, de los que este último es ya precandidato; y hasta un candidato sin partido, pero asimilable a varias de las formaciones anteriores, Sergio Fajardo, antioqueño como el presidente, Álvaro Uribe Vélez, que en ese caso improbable dejaría el poder. Hay quien dice que hay túnel, pero lo que falta es luz.