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** 3 Million Judgment in Immigration Fraud Case
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El Procurador General del Estado de Nueva York, Andrew M. Cuomo, anunció el lunes que su oficina ganó una orden judicial de más de $3 millones contra Miriam Mercedes Hernández de Queens, quien acechaba a inmigrantes para después estafarlos en cientos de miles de dólares al prometerles que los ayudaría a obtener status legal, lo cual luego nunca hizo. Esta es la más reciente acción legal llevada a cabo por el Procurador General Cuomo dentro de su continua investigación en cuanto al fraude de inmigración.
El fallo fue el resultado de una demanda radicada por Cuomo en mayo del 2009, la cual reclama que Hernández incurrió en fraude y prácticas engañosas y violó las leyes de derechos civiles de Nueva York cuando de forma falsa prometió ayudar a individuos y familias que buscaban arreglar su status legal. Hernández reclamaba erróneamente que ella podía conseguirles un status legal en una forma más rápida de lo usual a través de sus alegadas relaciones con funcionarios del gobierno. Por sus servicios, Hernández cobraba a los individuos hasta $7,500 como tarifa inicial y hasta $15,000 por persona. Sin embargo, Hernández nunca llegó a cumplir con los servicios prometidos. Cuando las víctimas le exigían un reembolso, Hernández los amenazaba y se rehusaba a devolverles su dinero o sus documentos.
“La decisión de la corte le otorga una completa restitución monetaria a las víctimas que confiaron que esta persona los ayudaría y al final, fueron dejados con un poco más que mentiras y promesas falsas”, dijo el Procurador General Cuomo. “Las víctimas en este caso tuvieron la
valentía presentarse ante las autoridades y ayudar a prevenir que más gente inocente cayera presa de este fraude. Mi oficina continuará investigando a cualquiera que busque explotar y estafar a los inmigrantes”.
Como resultado de la demanda de Cuomo, la Corte Suprema de Nueva York le ha ordenado a Hernández pagar una completa restitución monetaria a las 37 familias que se presentaron ante las autoridades y mostraron que Hernández los había estafado. Hernández además deberá pagar más de $2.8 millones de dólares en multas por ejercer la práctica no autorizada del derecho legal y por presentarse falsamente (misrepresenting) ante el público como que tenía una relación especial con oficiales de inmigración y funcionarios públicos electos. Además Hernández está permanentemente restringida de llevar a cabo directa o indirectamente el negocio de servicios de inmigración.
La demanda contra Hernández es la más reciente etapa dentro de la continua investigación que lleva a cabo el Procurador General Cuomo en cuanto a alegaciones de que los inmigrantes y sus familiares están siendo acechados por proveedores fraudulentos y no autorizados deservicios relacionados a inmigración en Nueva York.
En los meses pasados, el Procurador General ha cerrado 4 negocios por proveer servicios legales a miles de inmigrantes sin tener la licencia para ejercer los mismos. A esas compañías se les requirió pagar más de $100,000 en multas y se les prohibió permanentemente operar un negocio que provea servicios de inmigración.El Procurador General Cuomo también demandó legalmente a 5 organizaciones por ejercer la práctica no autorizada del derecho legal y por acechar a inmigrantes y ha emitido más de 100 órdenes judiciales de entrega de documentos (subpoenas) a negocios e individuos que alegadamente llevaron a cabo de forma no autorizada servicios relacionados a inmigración.
A los Neoyorquinos que creen que han sido víctimas de fraude cuando buscaron ayuda para sus asuntos de inmigración se les urge contactar a la Línea Informativa de la Unidad Contra el Fraude en los Servicios de Inmigración del Procurador General al teléfono 1-(866) 390-2992 ó visitar el sitio web www.ag.ny.gov
Este caso está siendo manejado por la Vice Sub Procuradora Elizabeth De León y la Sub Procuradora General Vilda Vera Mayuga, con la asistencia de Nydia Shahjahan y el Investigador David McManus, bajo la supervisión del Jefe del Buró para los Derechos Civiles, Alphonso B. David y el Abogado para los Derechos Civiles Spencer Freedman.
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