Disuasión para quienes tienen nexos con las farc, el narcotráfico y los grupos criminales.*
Semana.com
En un mundo perfecto lo mejor sería no tener bases norteamericanas en suelo colombiano. Mejor aun, no tener ni ayuda militar ni la presencia de un solo soldado gringo en el país. Pero en el mundo real la democracia colombiana está fuertemente amenazada por el narcotráfico, la guerrilla y los grupos criminales, y el Estado no tiene suficiente capacidad para enfrentar solo este desafío.
Frente a estos poderosos enemigos, que han dejado un baño de sangre en las últimas décadas, Estados Unidos ha sido un aliado incondicional del gobierno. La ayuda militar lleva más de 10 años y suma la nada despreciable cantidad de 6.000 millones de dólares. Y aunque ha sido crucial para arrinconar a las Farc y desarticular muchos carteles de la droga, los problemas siguen vivitos y coleando. Con la desaparición de la base militar de Estados Unidos en Manta, Ecuador, y el inminente declive de los recursos del Plan Colombia, el gobierno vio la oportunidad de fortalecer esa alianza militar para tratar de desterrar, de una vez por todas, los tentáculos de los grupos criminales que azotan el país.
Por eso inició en febrero una negociación confidencial en Washington, según la cual Estados Unidos podrá usar siete bases militares en Colombia, a cambio de incrementar el apoyo a las operaciones que el país desarrolle contra narcotraficantes y guerrilleros. El acuerdo, que aún no se ha firmado ni acabado de discutir, tiene a Colombia en medio de una tormenta diplomática regional que obligó al presidente Álvaro Uribe a hacer una gira relámpago por Suramérica, para explicarles a los Presidentes de la región los alcances del mismo.
A rajatabla, el país gana con el acuerdo capacidades de inteligencia que son cruciales en este momento. La información en tiempo real que recibirá le servirá para asestarles golpes definitivos a los grupos armados. Pero no todo es dicha. El acuerdo plantea tres problemas nada despreciables. Uno es la letra menuda de su contenido. Dos, la percepción que hay sobre la presencia gringa, y los errores de comunicación que se han cometido. Y tres, el debate geoestratégico, cuyo protagonista es Brasil como potencia emergente.
La letra menuda
Sobre el acuerdo es difícil profundizar, puesto que no se conoce el texto. Dentro de una semana se realizará en Washington la sexta ronda de conversaciones y se espera avanzar, pero no finiquitar todos los puntos de discordia que son técnicos y puntuales. Sin embargo, los temas gruesos ya están acordados. En primer lugar, que las bases no serán gringas, sino colombianas. Los comandantes serán colombianos, la seguridad sobre ellas la tendrán los colombianos y no habrá un sólo centímetro vedado para los colombianos. Esa es una diferencia con otras bases, como la de Manta, que eran realmente espacios gringos.
En segundo lugar, queda claro que no se cambiarán las reglas de juego que ya existen para el Plan Colombia. Esto es, que no se excederán los 600 militares y 800 contratistas que hay autorizados, y que éstos no participarán directamente en operaciones.
Un tercer punto es el número de bases que serán usadas. En realidad, a Estados Unidos sólo le interesa una: la de Palanquero, en Puerto Salgar, Cundinamarca. En términos estrictos, esta era la que los gringos buscaban como reemplazo de Manta, porque les permite cubrir el Pacífico, especialmente para la interdicción de avionetas y barcos del narcotráfico. De hecho, es la única para cuya adecuación ya el Congreso de Estados Unidos aprobó 42 millones de dólares -permanencia de aviones, equipos y personal militar- y la única que aparece como estratégica en los planes del Pentágono. En realidad, los gringos hubiesen preferido una base más cerca del Pacífico, como Cali. Pero allí la base aérea está en medio de la ciudad, lo cual la hacía inviable.
A la vez, para Colombia el monitoreo del Pacífico es crucial. Con información de los gringos, este año se han decomisado 17 semisumergibles en las aguas del Pacífico, todos llenos de cocaína que va rumbo a Estados Unidos, por México y Centroamérica. Sin esta información no se habría agarrado ni uno, pues Colombia no tiene la tecnología para hacer interdicción en aguas continentales, donde actúan a su anchas y con un increíble ingenio de los carteles del narcotráfico.
Entonces ¿por qué son siete? Las otras seis bases fueron solicitadas por el gobierno colombiano. En algunas de ellas -como Apiay y Larandia- porque en la práctica ya cuentan con presencia estadounidense hace rato. Otras del Ejército -como Tolemaida- y la Armada -como Cartagena- serán usadas sólo en caso de necesidad. En el fondo, muchas fueron incluidas porque las Fuerzas Armadas aspiran a recibir apoyo para mejorarlas.
Hay, sin embargo, aspectos que son críticos en el acuerdo: el tipo de operaciones que se podrá hacer desde ellas, los mecanismos para autorizarlas y el asunto de la soberanía. En el acuerdo está claramente establecido que no se permitirán operaciones sobre terceros países, aunque sí puede haberlas por fuera del territorio colombiano, esto es, en aguas internacionales.
En Colombia, la Constitución prohíbe el tránsito de tropas extranjeras y ese ha sido un criterio de manejo del acuerdo que en teoría descartaría cualquier operación hostil, aun en contexto de guerra o humanitaria que implique tropas. No obstante, se sabe que tanto los aviones Awac como los C-17 tienen alcances continentales que preocupan a los vecinos por un eventual espionaje. Pero estos aviones ya estaban en Manta y han actuado hace años en la región sin problemas.
El acuerdo contempla específicamente la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Es obvio que algunos de los vecinos, como Venezuela, se preocupen con esta definición, cuando acaban de ser señalados por la agencia norteamericana como santuarios del narcotráfico, y por los más influyentes periódicos de Estados Unidos -el New York Times y el Washington Post- como protectores de las Farc.
El acuerdo de las bases también es taxativo en que toda operación debe ser autorizada por ambas partes y que Colombia podrá decir que no si considera que alguna solicitud del Pentágono viola su soberanía o la ley. Pero dejar tan abierto este mecanismo genera bastante inquietud, pues las fiebres coyunturales pueden moldear a los protagonistas de cada momento. Baste recordar que hace 10 años el Plan Colombia se aprobó exclusivamente para la lucha contra las drogas, y en 2002, después del ataque del 11 de septiembre, se autorizó que sus recursos fueran usados en la lucha contrainsurgente. Algo que era impensable en el pasado.
Finalmente, el asunto de la soberanía, en particular el de la inmunidad de los soldados gringos, es el que está sin terminar de acordar entre los dos países. Colombia logró corregir aspectos que desde el Plan Colombia son aberrantes, como la inmunidad de la que gozan los contratistas civiles. También que se le garantice que los gringos harán juicios ejemplares a sus hombres en caso de que delincan en Colombia, y que la inmunidad pueda levantarse cuando haya lugar. Estados Unidos tiene otras fórmulas. Propone que tribunales gringos puedan actuar en estas bases. Colombia la rechaza de plano porque eso sí constituiría una cesión de territorio.
En últimas, con los acuerdos fundamentales no cambia mucho lo que ha habido en el país en la última década, ni cambia mucho lo que el Pentágono hacía desde Manta. Se va hacer lo mismo que se hacía antes, pero con más recursos. ?
Cuestión de percepción
El segundo gran problema que ha habido alrededor del escándalo de las bases tiene que ver con un tema de percepción y comunicación. Percepción porque el concepto de bases que tiene el gobierno colombiano es muy distinto al que tienen los demás países de la región. Para Colombia, en estricto sentido, no es una base militar gringa en territorio colombiano, sino que se trata de una cooperación militar extranjera que utiliza bases colombianas. Para los vecinos se trata de bases militares gringas en territorio colombiano con proyección en el resto de la región, es decir, una especie de cabeza de playa del engranaje militar del imperio en Latinoamérica.
Mientras para Colombia y Estados Unidos se trata de un pacto entre amigos, que les brinda una plataforma de inteligencia crucial para luchar contra el narcotráfico y los actores armados, para los países de la región se trata de un espionaje del Tío Sam, anclado en Colombia, que vulnera la seguridad nacional de cada país. Un gesto hostil.
A esto se suma que el gobierno se equivocó en su estrategia de comunicación. Primero negó cualquier posibilidad de que hubiese bases en Colombia. Luego, cuando el acuerdo se filtró a la prensa, hizo una audiencia pública que sembró aún más dudas, porque no había documento sobre el cual discutir, y el acuerdo ni siquiera está firmado. La información ha sido inexacta y fragmentaria. Primero se dijo que eran tres bases; después, que cinco, y luego que siete. Total, el propio Presiente ha tenido que ir de país en país, para no tener que sentarse en el banquillo en una reunión como la de Unasur, donde iba a ser visto como una especie de patito feo.
La geopolítica
El último problema es el pulso de poder en la región que tiene un solo nombre: Brasil. Todo el mundo esperaba que Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa salieran con un discurso antiimperialista y que señalaran a Colombia como el aguafiestas de las corrientes progresistas del continente. Y aunque el gobierno no esperaba propiamente aplausos de Brasil, tampoco esperaba una reacción tan adversa. El canciller Celso Amorin dijo primero que las bases “crean una situación nueva”; después, que los tres lanzacohetes de Venezuela encontrados a las Farc eran insignificantes al lado del asunto de las bases, y por último, dijo con algo de ironía que “el hecho de que uno sea paranoico no quiere decir que no lo estén persiguiendo”, parafraseando el Manual del pesimista.
En realidad, Brasil esperaba que con el fin de Manta, la presencia norteamericana menguara en la región. Mientras tanto este país, considerado una potencia emergente, ha fortalecido su aparato militar sin precedentes. Busca un submarino nuclear y comprar varias decenas de cazabombarderos de última generación. Además, en 2005 el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva aprobó una política de defensa con ambiciones regionales, que parte de la hipótesis de proteger la Amazonía, para lo que busca construir alianzas militares en Suramérica. Las bases de Colombia son, como dijo Amorin, algo que no esperaban y que, saben muy bien, cambia el equilibrio de la región.
Ni en Brasil, ni en casi ningún país se cree que todo el despliegue de los gringos será para el conflicto interno de Colombia . Es obvio que Estados Unidos tiene intereses geopolíticos globales. Así quedó consignado en un documento del Comando de Movilidad Aérea del Pentágono de este año titulado Global en route strategy, en el que llaman la atención dos datos. El primero, que los norteamericanos quieren cambiar el modelo de bases (más de cien en todo el mundo) que desplegaron durante la Guerra Fría, y cuyo concepto es fijo e inmóvil. Ahora buscan modelos más flexibles, basados en la cooperación con los gobiernos más que en tener hombres y aparatos en tierra. Lo otro que dejan claro en este documento es que quieren monitorear las rutas que van hacia África. Textualmente, Palanquero aparece como parte de ese modelo de control de rutas de narcotráfico en Suramérica.
La palabra clave en todo esto es disuasión. Es obvio que Colombia, además de fortalecer su lucha interna, también busca disuadir a los vecinos que son laxos con las Farc para que no sigan siéndolo. El tema de la guerrilla se ha convertido en fuente de conflicto permanente con Ecuador y Venezuela. Colombia no tiene cómo hacerle frente a la carrera armamentista de Venezuela, pero sí como enviar un mensaje disuasivo con el respaldo de Estados Unidos. Al tiempo, los gringos quieren disuadir a los gobiernos que están haciendo entusiastas acuerdos militares con Rusia, Irán o China. Y Brasil, a su tiempo, cómo líder de Unasur, quiere disuadir a la inefable potencia estadounidense de no seguir tomando a América Latina como su patio trasero.
Por eso, aunque en el corto plazo, para Colombia casi nada cambia con las bases y este puede ser considerado de puertas para adentro, un escándalo chimbo, para otros países si hay un nuevo escenario. Y en el largo plazo nadie sabe cómo se configurará el rompecabezas. Lo que sí está claro es que las bases constituyen una ficha clave en todo el juego.
* Títulos de Long Island Al Dia.
