Todas las medidas apuntan al crecimiento económico
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El presidente de EE UU, Barack Obama, estampa su firma en la ley que reforma el sistema financiero del país.
Aunque las encuestas siguen sin apreciar un significativo respaldo popular hacia sus ambiciosas reformas, el presidente Obama convirtió ayer en ley las nuevas reglas de juego para Wall Street. Todo un nuevo marco legal que en la práctica es una reforma financiera -histórica por su dimensión y por su significado- y es un acto de reivindicación de su política económica, discutida por los expertos, incomprendida por la opinión pública y abiertamente rechazada por la clase empresarial y supone el mayor cambio en materia de regulación financiera para Estados Unidos desde la Gran Depresión para evitar otra crisis como la desencadenada en el 2008.
Es una ley que no solo constituye una gran victoria política de Obama, sino que ejemplifica perfectamente su pensamiento económico. “Esta reforma representa la mayor protección de la historia a los consumidores de productos financieros”, ha dicho el presidente en el acto. “Los reguladores”, ha añadido, “solo tendrán una misión: proteger a los ciudadanos, no a los grandes bancos, no a los prestamistas, no a las firmas de inversión. El pueblo americano nunca más tendrá que pagar la factura por los errores de Wall Street”.
Con esta promesa, el presidente rubricó en una multitudinaria ceremonia la llamada Ley Dodd-Frank, en honor de sus timoneles del Partido Demócrata. Aunque irónicamente, el evento tuvo lugar en el Edificio Ronald Reagan, allí donde se recuerda el nombre del presidente que identificó al Estado como el principal obstáculo para el desarrollo y procedió a una masiva desregulación, Obama ha convertido en ley la más invasiva intervención del Gobierno en Wall Street en 70 años.
La legislación de más de dos mil páginas, que ha contado con la oposición tanto de la industria financiera como de gran parte de la oposición conservadora, entre otras medidas, recorta considerablemente la capacidad de los bancos de hacer inversiones de riesgo, otorga mayores poderes a las autoridades para actuar en una entidad financiera a fin de prevenir su colapso, impone mayores controles sobre los créditos hipotecarios y reduce el margen que las empresas tenían hasta ahora para imponer tasas en las tarjetas de crédito.
Es el manifiesto de un presidente y de un equipo económico que confían en los recursos del Gobierno para crear las condiciones que eviten una repetición de la crisis que el sistema financiero, por sí solo, fue incapaz de resolver hace dos años. Es, en definitiva, el manifiesto de un político que cree en el papel del Estado.
Sus principales decisiones desde que llegó a la Casa Blanca confirman esa visión: un plan de estímulo económico de 800.000 millones de dólares, una reforma sanitaria que crea una nueva y enorme burocracia pública para proteger a los pacientes y, ahora, esta reforma financiera. Eso, sin contar, con la intervención en las empresas automovilísticas -antes al borde de la quiebra, ahora en beneficios- y con el proyecto de reforma energética que ahora mismo se debate en el Congreso y que abrirá otro extenso campo para la actuación pública. aumenta la protección a los consumidores y otorga al gobierno la capacidad de desmantelar grandes entidades. Además de limitar las operaciones especulativas de los bancos con sus propios fondos, mayor supervisión del mercado de derivados, más control sobre la agencias de calificación de crédito y una mayor capacidad de supervisión para la Reserva Federal.
De acuerdo al ocupante de la Casa Blanca, «a menos que su modelo de negocio depende de atajos o estafar a sus clientes, nadie debe temer esta reforma». Mientras que la oposición del Partido Republicano ha insistido en que se trata de un rescate permanente para la industria financiera. Aunque según reiteró el presidente de Estados Unidos, «ninguna ley puede forzar a nadie a ser responsable, todavía incumbe a Wall Street prestar atención a las lecciones de esta crisis a la hora de conducir sus negocios».
Todo eso le ha merecido el aplauso de los economistas de izquierdas. Paul Krugman que le decía el pasado fin de semana que haga oídos sordos a las críticas , pero no el reconocimiento general. Un 56% de los norteamericanos, según una encuesta hecha pública ayer por la universidad de Quinnipiac, desaprueba la gestión económica de Obama mientras que solo un 39% la apoya.
La explicación a esas cifras seguramente está más vinculada a la timidez del ritmo de crecimiento y de la creación de empleo que al debate sobre el modelo económico. Pero lo cierto es que todos esos logros legislativos no han servido, en parte porque sus efectos no son de repercusión inmediata, para fortalecer su figura frente a quienes sí se le han puesto enfrente como verdaderos rivales: los empresarios.
Obama “está llevando a cabo un programa que está enterrando a los negocios de Estados Unidos en una nueva generación de regulaciones y que está creando más incertidumbre para los empresarios, lo que significará más destrucción de empleo”, declaró el presidente de la Cámara de Comercio, Tom Donahue, en una conferencia celebrada a principios de este mes que fue, probablemente, el mayor acto de condena al presidente que se ha visto en esta ciudad desde su llegada al poder. Ivan Seidenberg, el presidente de la compañía Verizon y de Business Roundtable, una importante asociación de empresarios, insistió la pasada semana en que la política de la Administración “está creando un clima crecientemente hostil para la inversión y la creación de empleo”.
Las medidas aprobadas tienen un claro norte: el crecimiento económico. La oposición republicana y una parte de la opinión pública presionan a favor de reducir el déficit presupuestario federal por encima de cualquier otro objetivo. Pero la Casa Blanca sigue creyendo necesaria la apuesta por el estímulo puesto que, al ritmo actual, la economía se ve impotente para crear empleos en la proporción necesaria. Esta misma semana el Senado ha aprobado una iniciativa del presidente para extender las ayudas a los desempleados -otra forma de estímulo, en realidad- y están en discusión otras propuestas en esa misma dirección.
Un grupo de destacados economistas, entre ellos Joseph Stiglitz, Robert Reich y Laura Tyson, firmaron el lunes una declaración animando al presidente a continuar por esa vía ya que, a su juicio, el declive en la demanda y la pérdida de confianza del consumidor son de tal dimensión que no pueden compensarse solo con actuaciones monetarias.
