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¿Porqué el gobierno de EE.UU., quiere husmear tus redes sociales?

Organizaciones pro inmigrantes consideran la medida ‘invasiva’ y un agresivo ‘ataque a los inmigrantes’ por parte del Gobierno del presidente Trump.

Lialdia.com / 10/4/2017 – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se dispone a extender su sistema de registros para poder recopilar datos de cualquier inmigrante en EEUU incluyendo a residentes permanentes y ciudadanos naturalizados, a partir de sus perfiles de redes sociales y resultados de búsqueda en Internet.

Según una nueva regla publicada en el Federal Register, el DHS aumentará la información que ya tiene la Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS). “(Se pide) ampliar las categorías de registros para incluir lo siguiente: país de nacionalidad; país de residencia; el número de cuenta en línea del USCIS; cuentas de redes sociales, alias, información identificable asociada y resultados de búsqueda”, se indicó.

Está previsto que entre en vigor el 18 de octubre después de un período de comentarios públicos.

Según las nuevas normas, el gobierno ampliará sus registros con información disponible públicamente en Internet o “divulgada de conformidad con los acuerdos de intercambio de información”, lo que podría referirse a acuerdos con las compañías tecnológicas y los proveedores nacionales de Internet.

La nueva política, que permite al gobierno vigilar los perfiles de Twitter o Facebook de cualquier inmigrante, afectará incluso a quienes hayan obtenido una Green Card de residencia permanente o sean ciudadanos naturalizados. En consecuencia, también afectará a todas las personas que mantengan contacto en redes sociales con esos inmigrantes.

“Esto es parte de un proceso más amplio de vigilancia de alta tecnología, dijo a Buzzfeed News el abogado de la Electronic Frontier Foundation Adam Schwartz. “Hay una tendencia creciente en el Departamento de Seguridad Nacional a husmear en las redes sociales de inmigrantes y extranjeros, y creemos que es una invasión de la privacidad que impide la libertad de expresión”.

En mayo, el gobierno de Trump aprobó un nuevo cuestionario para los solicitantes de visas que solicita acceso a sus cuentas en redes sociales en los últimos cinco años, así como información biográfica de los últimos 15 años.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), considera que se puede afectar severamente la libertad de expresión.

“Esto sin duda tendrá un efecto escalofriante en la libertad de expresión que se manifiesta cada día en los medios de comunicación social. Este enfoque colectivo es ineficaz para proteger la seguridad nacional y es un ejemplo más de la agenda contra la inmigración de la Administración Trump”, expuso Faiz Shaki, director político nacional de la ACLU en un comunicado del 26 de septiembre.

Cabe recordar que esta acción no es la única del gobierno del presidente Donald Trump y los republicanos sobre el uso de internet, ya que en marzo pasado el Congreso aprobó un proyecto de ley que elimina las garantías de privacidad en la red impuestas por el expresidente Barack Obama y que permitirá a los proveedores de internet vender datos de sus usuarios, como los historiales de búsqueda o la localización.

Organizaciones pro inmigrantes consideran la medida ‘invasiva’ y un agresivo ‘ataque a los inmigrantes’ por parte del Gobierno del presidente Trump.

La nueva medida afectará también a todos los ciudadanos que se comunican con los inmigrantes, y podría dar pie a la autocensura por temor a que la información que intercambien con alguien en el extranjero podría ser malinterpretada y usada en su contra.

Es muy difícil usar con éxito las redes sociales para determinar lo que las personas van a hacer y para este propósito se desperdiciarán millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses.

Hay muchas formas de usar herramientas de comunicación, y en redes sociales no siempre es claro lo que las personas quieren decir, o sea, que comentarios sin malicia pueden ser malinterpretados; algunos hablan ya de interponer demandas judiciales por violación a derechos civiles y constitucionales.

Con agencias

 

 

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