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Los derechos humanos en América

Lialdia.com / Anmistía Internacional - En América se han reconocido muchos derechos humanos en la ley –aunque no siempre en la práctica– en los últimos 50 años. Está claro que los abusos persisten, sobre todo contra grupos vulnerables, pero es innegable que, aunque parciales y lentos, se han hecho progresos en la región. Los gobiernos pueden atribuirse con razón parte del mérito de estos cambios. Sin embargo, el auténtico motor de los avances han sido las comunidades más afectadas por los abusos contra los derechos humanos. Son ellas las que han denunciado la situación y han hecho campaña por el cambio, a menudo con grandes riesgos personales. Han sido su determinación y persistencia las que han inspirado a millones de personas y han hecho que a los Estados cada vez les sea más difícil ignorar el creciente clamor por un cambio fundamental e irreversible.

Sin embargo, el año comenzó con un duro recordatorio de lo frágiles que pueden ser estos derechos ganados con tanto esfuerzo. En enero, un terremoto devastador asoló Haití, dejando más de 230.000 muertos y a millones de personas sin hogar. Al finalizar el año, más de 1.050.000 personas desplazadas por el desastre seguían viviendo en tiendas de campaña en campamentos provisionales, sin derecho a un alojamiento adecuado y vulnerables a los ataques. El espectacular aumento de las violaciones sexuales fue un claro indicio del fracaso de las autoridades a la hora de garantizar la seguridad de las mujeres y niñas que vivían en los campamentos.

Haití fue un potente símbolo de lo que puede representar para la gente corriente la ausencia de voluntad política para dar prioridad a la protección de los derechos. Sin embargo, también fue un ejemplo poderoso de cómo las organizaciones populares en primera línea de la protección de los derechos humanos vencen obstáculos aparentemente insuperables para mantener vivas la esperanza y la dignidad. Una de estas organizaciones es La Comisión de Mujeres Víctimas por las Víctimas (KOFAVIV), que ofrece apoyo al número creciente de sobrevivientes de la violencia sexual en los campamentos de Haití. La mayor parte de las integrantes de la KOFAVIV son sobrevivientes de violación, y muchas de ellas lo perdieron todo en el terremoto. Pero a pesar de sus tragedias personales, han dado un paso adelante para proporcionar a las sobrevivientes el tipo de apoyo médico, psicológico y económico que debería proporcionar y no proporciona el Estado haitiano.

Aun en tiempos de paz y estabilidad relativas, es frecuente que los gobiernos no garanticen el respeto de los derechos en la práctica, ni siquiera en el caso de quienes corren más riesgo de sufrir abusos, como las personas que viven en la pobreza, los pueblos indígenas y las mujeres y las niñas. Esta situación se da sobre todo cuando existen poderosos intereses económicos que consideran que respetar los derechos de las comunidades pobres y marginadas es contrario a sus objetivos económicos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

La defensa de los derechos humanos continuó siendo una tarea peligrosa en gran parte de la región. En varios países, como Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, los activistas eran blanco de homicidios, amenazas, hostigamiento o actuaciones judiciales arbitrarias. A menudo se actuaba contra ellos porque su labor amenazaba los intereses económicos y políticos de quienes ocupaban el poder.

En países como Colombia y Brasil se implantaron algunos mecanismos de protección para hacer frente a los riesgos que corrían los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, en otros, el año terminó sin que se hubieran adoptado medidas integradas para abordar el problema. Por ejemplo, en México, donde la seguridad de los activistas suscitaba una preocupación creciente, las autoridades hicieron pocos avances en la aplicación de un programa de protección, a pesar de que se habían comprometido a ello en 2008.

Pueblos indígenas

En los últimos años, los pueblos indígenas de América se han hecho oír y se han organizado de forma creciente en defensa de sus derechos. Sin embargo, el legado de abusos generalizados contra sus derechos humanos y la falta de rendición de cuentas de los perpetradores contribuyeron a perpetuar la discriminación y la pobreza inveteradas en comunidades indígenas de toda la región.

La expansión de las industrias agrícolas y extractivas y la introducción de enormes proyectos de desarrollo, como embalses y carreteras, en tierras tradicionales indígenas, representaron una amenaza significativa y creciente para los pueblos indígenas. En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, los indígenas considerados un obstáculo para los intereses comerciales fueron objeto de amenazas, acoso, desalojos forzosos, desplazamientos y homicidios a medida que el afán de explotación de los recursos se intensificaba en las zonas que habitaban.

Aunque varios Estados americanos habían votado en 2007 a favor de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al finalizar 2010 ninguno había promulgado leyes que garantizaran que los proyectos de desarrollo que atañeran a los pueblos indígenas sólo pudieran llevarse a cabo con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.

Perú estuvo a punto de contar con una legislación histórica al aprobar el Congreso en mayo la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, redactada con la participación de los pueblos indígenas. Sin embargo, el presidente García se negó a promulgarla. Paraguay siguió sin cumplir sendas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2005 y 2006 en las que se ordenaba al Estado la devolución de tierras tradicionales a las comunidades yakye axa y sawhoyamaxa. En agosto, la Corte resolvió un tercer caso sobre derechos de los pueblos indígenas y condenó a Paraguay por violar los derechos de la comunidad xákmok kásek. En Brasil, donde el derecho de los pueblos indígenas a sus “tierras ocupadas tradicionalmente” estaba consagrado en la Constitución desde 1988, los guaraníes kaiowá del estado de Mato Grosso do Sul afrontaron numerosos obstáculos y prolongadas demoras para resolver sus reclamaciones de tierras. Mientras estas reclamaciones estaban paralizadas en los tribunales, hombres armados contratados por los agricultores locales los acosaban y atacaban para expulsarlos de las tierras.

Conflictos

En Colombia, el conflicto armado interno iniciado hacía 45 años siguió afectando gravemente a la población civil, que sufría la peor parte de las hostilidades. Miles de personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, homicidio ilegítimo, secuestro o desaparición forzada a manos de la guerrilla, las fuerzas de seguridad y los paramilitares. Las partes en conflicto atacaban a los grupos más marginados: las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y las comunidades urbanas pobres. Las promesas del presidente recién elegido, Juan Manuel Santos, de dar prioridad a los derechos humanos y a la lucha contra la impunidad suscitaron la esperanza de que su gobierno mostrara la voluntad política necesaria para hacer frente a la larga crisis de derechos humanos del país. Sin embargo, los ataques continuos contra defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y dirigentes comunitarios, especialmente contra los que trabajaban en cuestiones relacionadas con los derechos a la tierra, pusieron de relieve la magnitud de las dificultades que quedaban por superar.

En varios países, sobre todo de la región andina, hubo manifestaciones multitudinarias contra políticas y leyes del gobierno sobre cuestiones tales como el acceso a los recursos naturales, la tierra, la educación y los servicios públicos. En septiembre, Ecuador pareció al borde del conflicto civil después de que centenares de policías tomaron la calle para protestar por las propuestas del gobierno de cambiar sus salarios y prestaciones. El presidente Correa, que quedó atrapado en medio de las protestas, estuvo hospitalizado brevemente por los efectos del gas lacrimógeno.

Seguridad pública

La pobreza, la delincuencia violenta y la proliferación de armas pequeñas crearon y perpetuaron condiciones en las que florecían los abusos contra los derechos humanos. Los residentes de zonas urbanas pobres –concretamente en ciertas partes de México, Centroamérica, Brasil y el Caribe– seguían atrapados entre la violencia de las bandas organizadas de delincuentes y los abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad. En muchos casos, la corrupción endémica de las instituciones del Estado redujo la capacidad de éstas para responder adecuadamente a la delincuencia organizada. Sin embargo, los gobiernos se mostraron reacios a abordar este problema sistémico y prolongado y recurrieron de forma creciente al ejército para responder a la delincuencia organizada y a otros fenómenos percibidos como amenazas para la seguridad. En México, por ejemplo, el despliegue del ejército para combatir la delincuencia organizada dio lugar a numerosos informes de violaciones graves de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias. En mayo, tras un estallido de violencia de bandas, se declaró en parte de Jamaica un estado de excepción durante el cual se detuvo al menos a 4.000 personas y hubo 76 muertes violentas, entre ellas las de tres miembros de las fuerzas de seguridad. Al parecer, más de la mitad de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales.

Medidas antiterroristas y derechos humanos

No se cumplió la promesa del presidente estadounidense Barack Obama de cerrar el centro de detención de Guantánamo en enero de 2010. Al terminar el año seguía habiendo 174 personas detenidas allí. El único detenido de Guantánamo trasladado hasta el momento a territorio continental estadounidense para ser procesado por un tribunal federal fue juzgado y condenado. Durante el año, una comisión militar condenó a dos detenidos de Guantánamo que se habían declarado culpables. El nuevo reglamento, publicado en abril, sobre procedimientos ante comisiones militares contra personas detenidas en el contexto de la denominada “guerra contra el terror” no permitía abrigar muchas esperanzas de que el gobierno estadounidense introdujera reformas de fondo e hiciera respetar los derechos humanos.

Justicia e impunidad

En varios países latinoamericanos, sobre todo del Cono Sur, se hicieron avances continuos y significativos en los esfuerzos por llevar ante la justicia a algunos de los responsables de las violaciones graves y generalizadas de derechos humanos cometidas durante regímenes militares anteriores.

En Argentina, Reynaldo Bignone, ex general del ejército y ex presidente de la nación, fue declarado culpable en abril de torturas, asesinato y varios secuestros, cometidos cuando estaba al mando del tristemente conocido centro de detención de Campo de Mayo entre 1976 y 1978. En julio, el general Luciano Benjamín Menéndez y Roberto Albornoz, ex jefe de inteligencia de la policía, fueron condenados a cadena perpetua por violaciones de derechos humanos cometidas en un centro de detención secreta de la provincia de Tucumán durante el régimen militar (1976-1983).

En julio, Manuel Contreras, ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), de triste fama, fue condenado a 17 años de prisión por su implicación en los homicidios del general Carlos Prats, miembro del gobierno del presidente Salvador Allende (1970-1973), y su esposa, cometidos en 1974 en Argentina.

En una sentencia histórica dictada en octubre, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró inconstitucional una ley de amnistía de 1986. Sin embargo, la resolución sólo era aplicable al caso del ex presidente Juan María Bordaberry (1971-1976) y, por tanto, no permitía la reapertura de casos archivados con anterioridad.

También en octubre, en Perú, un grupo de miembros del escuadrón de la muerte “Grupo Colina” y de ex altos cargos del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) fueron declarados culpables del homicidio de 15 personas y de la desaparición forzada de otras 10, cometidos en 1991 y 1992.

En Colombia, el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado en junio a 30 años de prisión por la desaparición forzada de 11 personas en 1985, después de que el ejército asaltara el Palacio de Justicia, donde el grupo guerrillero M-19 retenía a varias personas como rehenes.

Sin embargo, en muchos casos los avances se vieron seriamente obstaculizados por la falta de colaboración de las instituciones militares con las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y, en ocasiones, por su resistencia directa a dichas investigaciones. En Bolivia, por ejemplo, las autoridades que investigaban desapariciones forzadas cometidas en 1980-1981 siguieron teniendo dificultades para acceder a los archivos militares, pese a que la Corte Suprema había dictado dos órdenes para que se desclasificaran éstos.

En México y Colombia, el sistema de justicia militar continuó reclamando la jurisdicción sobre casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas. La nueva legislación de Colombia y las reformas legales propuestas en México no garantizaban que todas las violaciones de derechos humanos quedaban excluidas de la jurisdicción militar, pese a los claros indicios de falta de independencia e imparcialidad de los tribunales y fiscales militares.

Los esfuerzos por introducir leyes para combatir la impunidad se estancaron en algunos países, mientras que en otros hubo retrocesos respecto de los logros de años anteriores. Por ejemplo, en abril, la Corte Suprema chilena confirmó la decisión de que se debía aplicar la Ley de Amnistía de 1978 en el caso de Carmelo Soria Espinosa, diplomático español asesinado en 1976 por las fuerzas de seguridad. También en abril, el Tribunal Supremo Federal brasileño confirmó la interpretación de que los delitos cometidos por miembros del ejército –ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones– eran políticos o estaban relacionados con actos políticos y, por tanto, les era aplicable una ley de amnistía promulgada por el régimen militar en 1979. Sin embargo, en noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que la Ley de Amnistía de 1979 era nula y recordó a las autoridades brasileñas su obligación de llevar ante la justicia a los perpetradores. Mientras tanto, en Perú, el Congreso votó a favor de revocar el decreto ley 1097, que representaba una amnistía de hecho para los autores de violaciones de derechos humanos, pero no fueron modificados en cambio otros dos decretos que permitían que los miembros de las fuerzas armadas acusados de violaciones de derechos humanos fueran juzgados por tribunales militares.

En El Salvador, el presidente Funes sancionó en enero un decreto ejecutivo que creaba un nuevo organismo, la Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, encargado de buscar a los menores de edad que habían sido víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado (1980-1992). Al finalizar el año, sin embargo, la nueva Comisión no estaba aún en funcionamiento y seguía sin conocerse el paradero de cientos de niños y niñas desaparecidos.

Mientras tanto, en Estados Unidos, los responsables de delitos de derecho internacional cometidos en el marco de la “guerra contra el terror”, como torturas y desapariciones forzadas, no rindieron cuentas de sus actos. En noviembre, el ex presidente George W. Bush admitió haber autorizado durante su mandato el uso de un método de tortura consistente en simulacros de ahogamiento (waterboarding). Sin embargo, la rendición de cuentas y la reparación por violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del programa estadounidense de detención secreta y entregas siguieron siendo inexistentes. En noviembre, el Departamento de Justicia estadounidense anunció, sin más explicaciones, que no se presentarían cargos contra ninguna persona en relación con la destrucción en 2005 de 92 cintas de vídeo que contenían pruebas del uso de simulacros de ahogamiento y otras técnicas de tortura contra dos detenidos en 2002.

Justicia internacional

En diciembre, un tribunal francés impuso in absentia penas de entre 15 años de prisión y cadena perpetua a 14 hombres –12 ex altos mandos del ejército chileno (entre ellos el general Manuel Contreras), un civil chileno y un ex oficial del ejército argentino– tras declararlos culpables de los delitos que se les imputaban en relación con la desaparición de cuatro nacionales francochilenos, ocurrida durante los primeros años del gobierno militar de Augusto Pinochet (1973- 1990) en Chile.

Los tribunales americanos hicieron uso del derecho internacional de los derechos humanos para reabrir casos de violaciones de derechos humanos que se habían cerrado debido a las normas sobre prescripción. En Colombia, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia resolvió en mayo que el ex congresista César Pérez García debía ser enjuiciado en relación con una masacre cometida por paramilitares en 1988 en Segovia, en la que fueron asesinados más de 40 campesinos. La Corte alegó que la masacre equivalía a crímenes de lesa humanidad y, por tanto, no eran aplicables las normas sobre prescripción.

Durante 2010, Santa Lucía se convirtió en el Estado 113 que ratificaba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por su parte, Paraguay y Brasil ratificaron la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, aunque no reconocieron la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y estudiar comunicaciones de víctimas o presentadas en su nombre.

Pena de muerte

Durante el año fueron ejecutados en Estados Unidos 46 presos –45 hombres y una mujer–, lo que elevó a 1.234 el número total de personas ejecutadas en este país desde que la Corte Suprema levantó la suspensión de la pena de muerte en 1976.

En Guatemala, el Congreso aprobó en octubre una ley que podría haber desembocado en la reanudación del uso de la pena de muerte. Sin embargo, el presidente la vetó, y en diciembre Guatemala votó a favor de la resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria del uso de la pena capital.

En diciembre, Cuba conmutó la pena a los tres últimos condenados a muerte que quedaban.

Se impusieron condenas a muerte en Bahamas, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago, aunque no se llevaron a cabo ejecuciones.

Libertad de expresión

América siguió siendo una región peligrosa para quienes trabajan en los medios de comunicación. Sólo en Asia hubo más homicidios de periodistas durante 2010. Casi 400 trabajadores de medios de comunicación recibieron amenazas o sufrieron ataques, y al menos 13 periodistas murieron a manos de agresores no identificados. Más de la mitad de estas muertes se produjeron en México, seguido de Honduras, Colombia y Brasil. En muchos casos se creía que las víctimas habían sido escogidas debido a sus esfuerzos por sacar a la luz la corrupción o las relaciones entre funcionarios y redes de delincuentes.

Un número significativo de cadenas de televisión, sobre todo en Venezuela y la República Dominicana, se vieron obligadas a cerrar temporalmente, situación que también afectó a emisoras de radio. En la República Dominicana, al menos siete cadenas de televisión y emisoras de radio tuvieron que cerrar temporalmente o sufrieron el bloqueo de su señal de transmisión antes de las elecciones de mayo. Algunos canales no habían podido reanudar sus emisiones al finalizar el año.

En Cuba se siguió deteniendo arbitrariamente a periodistas, y todos los medios de comunicación continuaron bajo el control del Estado.

Desigualdad y desarrollo

Se produjeron avances en la reducción de la pobreza en Argentina, Brasil, México y Venezuela. Sin embargo, aunque había datos que indicaban que la pobreza disminuía lentamente en Latinoamérica y el Caribe, casi una quinta parte de la población de la región seguía viviendo en la pobreza extrema, incluida la gran mayoría de los pueblos indígenas. Pese a la reducción de la desigualdad en muchos países, sobre todo en Venezuela, muchas de las naciones menos desarrolladas no experimentaron ninguna mejora tangible y, al finalizar 2010, Latinoamérica seguía siendo la región con más desigualdades del mundo.

Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes estaban representados de forma desproporcionada entre quienes vivían en la pobreza, más que ningún otro grupo. La afirmación reiterada, aunque falsa, de que el respeto a los derechos de los pueblos indígenas era incompatible con el crecimiento y el desarrollo económicos servía de base a reiteradas violaciones de derechos. En Guatemala, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que se suspendieran los trabajos de la mina de oro Marlin 1, en el departamento de San Marcos, ésta seguía funcionando al final del año. En Canadá, la Bolsa de Toronto decidió en enero excluir del mercado de valores a la empresa minera Copper Mesa Mining Corporation. El pueblo indígena intang de Ecuador había presentado una demanda contra ella por responsabilidad en violaciones de derechos humanos. En mayo, un tribunal de Ontario desestimó la demanda; al finalizar el año estaba pendiente un recurso ante el Tribunal de Apelación de Ontario.

Dieciocho agencias de la ONU que trabajaban en Latinoamérica publicaron en julio un informe sobre los avances de los Estados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El informe revelaba que el objetivo de reducir la mortalidad materna era el que estaba más retrasado. Decenas de miles de mujeres seguían muriendo por complicaciones evitables del embarazo, y persistían enormes disparidades en el acceso a una atención a la salud de calidad. El informe atribuía esta situación a la discriminación de las mujeres y a su escaso reconocimiento social.

Violencia contra mujeres y niñas y negación de los derechos reproductivos

La violencia contra mujeres y niñas, incluida la violencia sexual, seguía siendo generalizada, y la mayoría de las sobrevivientes carecía de acceso a la justicia y a una reparación. Aunque algunos Estados de la región introdujeron leyes para combatir la violencia de género, en la práctica apenas se aplicaban, por lo que raras veces se iniciaban investigaciones y enjuiciamientos. En Estados Unidos, una nueva ley que establecía sistemas más sólidos de acceso a la justicia dio esperanzas a las mujeres indígenas sobrevivientes de violación. Sin embargo, en países como Bolivia, Guatemala, Haití y Nicaragua, los defectos del sistema de justicia ayudaban a perpetuar la impunidad de la violencia de género, contribuyendo así a crear un clima en el que este tipo de violencia proliferaba.

Miles de mujeres fueron víctimas de violación, desaparición forzada u homicidio en la región durante el año. Las mujeres de ciertas zonas de Guatemala y México, así como las mujeres indígenas de Canadá, corrían especial riesgo. La falta de recursos para investigar y enjuiciar esos delitos puso en duda la voluntad de las autoridades de hacer frente a la violencia contra las mujeres.

Muchas de las víctimas de violencia de género eran niñas menores de 18 años. Por ejemplo, en octubre, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, solicitó que Nicaragua adoptara medidas urgentes para erradicar la violencia sexual contra menores de edad, dados los crecientes indicios de comisión generalizada de abusos sexuales contra niñas y adolescentes en el país.

Leyes que prohibían el aborto en todas las circunstancias siguieron negando a las mujeres y niñas de El Salvador, Chile y Nicaragua su derecho a la salud sexual y reproductiva. Las leyes que penalizaban el aborto hacían que cualquiera que practicara un aborto o intentase abortar corriera riesgo de encarcelamiento, incluidas las niñas y las mujeres embarazadas como consecuencia de una violación o cuya vida corría peligro si continuaban el embarazo.

En algunos otros países, el acceso al aborto estipulado por la ley se negaba en la práctica debido a prolongados procedimientos judiciales que hacían casi imposible el acceso a un aborto sin riesgos, especialmente para quienes no podían costearse unos servicios privados para abortar.

“Yo exigiré que respeten nuestros derechos como mujer. Que somos jóvenes y tenemos derechos y si no los respetan seguiremos en la lucha.  Clara, promotora de derechos juveniles, 18 años, Managua, Nicaragua

 

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